“Secretaría de Seguridad y Justicia de la República” -UNA FUTURA PROPUESTA

Estamos enfrentando actualmente una situación muy compleja en el país, con respecto a la criminalidad existente. Gobernantes como el de Chiapas, han decidido con toda la fuerza disponible combatir este fenómeno delictivo. Es innegable que se ha ido avanzando en la pacificación de nuestra entidad federativa, pero se observa que tendrá sus tiempos programados para que se vaya recuperando la paz y tranquilidad que se merece la ciudadanía chiapaneca. Por lo que se requiere, ir planificando una futura, nueva e innovadora fórmula idónea de la normatividad del sistema nacional de justicia penal, primero en el ámbito federal, y posterior adecuación para las entidades federativas, para cuando el avance en la lucha contra el crimen organizado sea significativo; ya que, el Universo Jurídico Nacional actual está obsoleto, desgastado, e inoperable, es urgente ir programando futuras políticas que garanticen la paz y tranquilidad. La mentada “Puerta Giratoria” es una realidad constante, en donde, no en todos los casos, son responsables de ese fenómeno procesal delictivo los titulares del Poder Judicial del Estado Mexicano, las autoridades responsables de procurar justicia o los elementos policiales responsables de prevenir, investigar y someterlos a la probable delincuencia a una vinculación de procesos penales; sino la inservible legislación actual, que no funciona por estar desfazada de la realidad que se vive en los tiempos actuales, no perdamos tiempo buscando áreas culpables, el porcentaje de impunidad es inaceptable, los juicios orales no dieron los frutos esperados, seguimos con un altísimo porcentaje de casos no finiquitados condenatoriamente en donde los delincuentes burlan la ley. En la nueva etapa que está viviendo México, el esfuerzo de las autoridades es titánico, pero son tales los daños ocasionados en el pasado reciente, que la recuperación será lenta, eso es innegable, pero al menos podemos decir que el camino gubernamental es el correcto, pero resulta necesario darles a las autoridades todas las facilidades para implementar un nuevo sistema de justicia penal. Proponer una Secretaría de Seguridad y Justicia de la República, es darles un orden correcto a los quehaceres del servicio público. Las decisiones de modificar parcialmente el marco normativo respecto a la seguridad y justicia, que se han hecho últimamente, apenas están germinando. La reforma de los juicios orales que ya tienen sus años de vigencia, no dio los resultados esperados, al no reducir los inconcebibles porcentajes de impunidad que tenemos en el país. Lo referente a la elección nominal de las personas juzgadoras, habrá que esperar como se va desarrollando. Organizar la función de prevención general delictiva en el país debe ser función fundamental de los gobiernos; ya que, pero resulta fundamental la coordinación de todas las policías bajo un solo mando, por lo que la tarea primordial de la prevención general del delito debe ser primaria y unificada; esto es, las policías preventivas estatales y municipales se incorporarían a la Secretaría de Seguridad y Justicia de la República. Qué acontece cuando falla la prevención general del delito, entra en acción los Ministerios Públicos como órgano de acusación, quienes no perderán su calidad de autoridad y capacidad en la búsqueda de la verdad legal, durante todos los procedimientos de investigación hasta la sentencia condenatoria y cumplimiento de la misma. Los Ministerios Públicos y los Jueces deberán asumir el mismo papel de los ministerios públicos; lo que significan que todos serán buscadores de la verdad legal, los jueces deben buscar la certeza de los hechos, parecido a lo que llaman juez de instrucción; así como, los ministerios públicos, es ridículo, por decir lo menos, que todo el material que se lleva a cabo ante el juez de control, no tenga ningún valor probatorio ante el Juez de Sentencia. Copiar burdamente el estilo “gringo” fue un error garrafal, México y USA son dos países con legislación muy diferente, disímil la idiosincrasia norteamericana, con el ”Common Law”, que tiene raíces anglosajonas; o sea se sostiene en la interpretación de precedentes, y el derecho mexicano, que se basa en la tradición romana, germánica y por supuesto la española. Lamentablemente tengo que reconocer que es necesario primero, antes de cambios tan radicales, que el país esté más o menos pacificado, el renacimiento del Ministerio Público como órgano de acusación y se convierta en un verdadero representante social, apoyando técnicamente a todas las autoridades policiales o militares, imaginen sí se pudiera continuar investigando, aportando pruebas, realizando diligencias con el apoyo de sus propios compañeros, puesto que tendrían un solo mando, la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Justicia.